Reforma laboral: los tres proyectos de ley del Gobierno para blanqueo, despidos, pasantías y tecnología de la salud

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La relación entre el Gobierno y el "ala dura" del sindicalismo volvió a tensarse ante el plan oficial que apunta a modificar la normativa vigente. Ocurre mientras el sindicalismo apunta a tener una nueva conducción que reemplace al actual triunviro. El Ejecutivo "pone fichas" para no quedarse afuera

En el Día del Trabajador, el triunviro de la CGT, Juan Carlos Schmid, rechazó la reforma laboral que propone el Ejecutivo y aseguró que "los trabajadores pasan las de Caín para llegar a fin de mes".

"Ya he manifestado que no hay confianza en las propuestas del Gobierno, porque primero dice una cosa y termina haciendo otra. Si en el proyecto aparece este tema de rebaja de indemnización ante despidos, lo voy a rechazar", adelantó.

"Muchos vamos a rechazar este proyecto. El anterior fue en realidad un ensayo para terminar sancionando la ley de reforma previsional", señaló Schmid y criticó la situación que atraviesan los asalariados.

"No hay motivos para festejar el día del trabajador, es muy compleja la situación. Los trabajadores pasan las de Caín para llegar a fin de mes. Pensemos en los millones de compatriotas que no tienen trabajo", dijo el gremialista de Dragado y Balizamiento.

La CGT elegirá una nueva conducción que reemplace a la actual, que "está recorriendo sus últimos días", según apuntó Schmid.

"Seguramente el jueves va a reunirse (el triunvirato) con el Consejo Directivo para el congreso de integración de autoridades. Hasta ese momento, estamos al frente para tomar las decisiones que falten", afirmó el dirigente moyanista.

Por su parte, el secretario de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Ramón Ayala, también rechazó la reforma laboral.

"No estamos de acuerdo en que se bajen las indemnizaciones", afirmó, aunque consideró que "están bajando los niveles de pobreza y desempleo", aseguró.

Desde la vereda oficial, el ministro Triaca indicó: "El proyecto que mandamos al Congreso tiene una mirada integral" e insistió en que buscan "generar vínculo entre trabajadores y empleadores que priorice el consenso y no el conflicto".

"Eso tiene que ver con la formalización de trabajadores" por un lado, y por el otro, la creación de "un fondo de cese laboral", vinculado con las indemnizaciones.

Este fondo sería "administrado por los sindicatos en conjunto con el empleador", indicó Triaca, para luego agregar que el principal objetivo de las iniciativas remitidas al Senado es "darle previsibilidad al empleado y al empleador".

"Cada convenio tiene la posibilidad de recurrir a este fondo de cese y cada sector define el alcance del mismo", indicó el funcionario.

Así, trató de dejar en claro que "el fondo de cese reemplazaría la indemnizaciones tradicionales, sólo cuando estos convenios lo quieran".

El ministro indicó que hay "cinco sectores con mayor nivel de trabajadores en la informalidad: construcción, empleo rural, pequeñas industrias, comercio y personal doméstico".

"El foco no es solamente la formalización sino también mejorar los procesos de fiscalización", recalcó.

"Pata sindical" oficialista
Tal como diera cuenta iProfesional, en el marco del reordenamiento de la CGT Macri pugna por ubicar a sus aliados en la futura central obrera, manteniendo su impronta oficialista.

El acto del martes congregó a unos 80 gremios, entre ellos peones rurales, taxistas, petroquímicos y plásticos, la organización que liderara el padre de Triaca antes de ser el ministro de Trabajo de Carlos Menem.

Ese paraguas heterogéneo integró la comitiva sindical que, a fines de marzo pasado, se reunió con el Presidente en Casa Rosada, tras acompañar al ministro Triaca hijo en su gira por Europa para explorar modelos de diálogo social, nuevas modalidades de trabajo y los sistemas de seguridad social.

En una relación que denominan de "apoyo mutuo", los gremialistas convalidaron la pauta salarial del 15% y dieron su aval para avanzar en la discusión de cambios de las leyes laborales.

"Llegamos a mitad del río y vamos a acompañarlo a cruzarlo", le dijo a Macri José Ibarra, hombre fuerte de las 62 organizaciones y jefe del bloque oficialista de senadores en Salta.

El Gobierno busca un amplio respaldo para sancionar su pack de proyectos laborales sin afrontar una crisis política como la de diciembre pasado, cuando los sectores duros de la CGT se vieron arrastrados a una batalla campal en Congreso contra la reforma jubilatoria.

Para evitarlo, Macri dosificará los cambios. "Tenemos el compromiso de hacerlo por etapas y jamás voy a tomar una medida que atente contra el modelo sindical o los trabajadores", les aseguró el mandatario en marzo a la docena de sindicalistas que pisaron la Rosada.

El plan "blindaje" del Gobierno, sin embargo, enfrenta serios obstáculos. En las últimas semanas, la estructura sindical sufrió el desprendimiento de 27 asociaciones, encabezadas por recibidores de granos (URGARA), motoqueros (ASIMM), farmacéuticos y obreros de la industria del vidrio (SOIVA).

Se trata de un sector que cuestiona el apoyo "irrestricto" de las 62 al Gobierno -sello al que ahora denominan "62 Cambiemos"- y que decidió volver a la CGT y al peronismo, de la mano de Barrionuevo y Moyano.

La fractura hizo temblar a la propia UATRE, donde algunas seccionales amenazan con seguir al gastronómico, avalado por la Justicia para estar ahora al frente del PJ.

El sindicato de los peones rurales es clave para el Gobierno. No solo por sus más de 600.000 afiliados, que lo ubican a nivel nacional en segundo lugar detrás de Empleados de Comercio.

Además, la organización que liderara Venegas antes de su muerte es el sostén del partido FE, la principal pata peronista de Cambiemos que tiene entre sus miembros a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Con la convocatoria de este martes, Ayala aspira a consolidar su liderazgo al frente de las 62 y de los peones rurales, siguiendo los pasos de su antecesor.

Dura arremetida contra el Gobierno
"Les digo, compañeros, que tenemos que luchar para comenzar a construir una unidad que nos permita mantener la dignidad de los trabajadores, para en las urnas derrotar a este Gobierno que va contra todas nuestras conquistas", disparó Hugo Moyano días atrás en un acto.

"No nos tenemos que equivocar a la hora de votar", advirtió Moyano, quien se refirió a la causa que lo involucra al asegurar que a los luchadores siempre los persiguieron. "Antes te tiraban con los fierros, ahora lo hacen con parte de la prensa y la Justicia", disparó Moyano.

La demostración de fuerza impulsada por el camionero coincide con el reavivamiento del conflicto en OCA -el correo privado del que Moyano niega ser dueño pero donde opera como si lo fuera- y las causas judiciales que lo tienen en la mira.

Su gremio suspendió a último minuto el paro sorpresivo anunciado para el último jueves en la rama correos, una vez que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) volvió a prorrogarle la licencia a la empresa postal que vencía ese mismo día.

Desde el año pasado, el Gobierno renueva mes a mes la licencia de OCA para que siga operando. El principal correo privado mantiene una deuda con la AFIP por más de $1.400 millones.

Cerca de Moyano, sin embargo, perciben un cambio de vientos, por el que ahora las autoridades estarían decididas a dar de baja el aval para que funcione el principal correo privado.

En paralelo, la Justicia reactivó las investigaciones contra el jefe de Camioneros. Gendarmería allanó oficinas de varias financieras en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires que estarían vinculadas con el sindicalista, actual presidente de Independiente, y con su familia.

Flexiblización laboral, en agenda
El Senado tiene previsto abrir en comisión en los próximos días el debate de tres proyectos de reforma laboral que fueron remitidos por el Poder Ejecutivo. Están vinculados a:

- La regularización de trabajadores no registrados

- La creación de una agencia nacional de evaluación de tecnología de la salud

- El sistema de prácticas formativas de los estudiantes.

No obstante, uno de los proyectos incluye una modificación del cálculo de las indemnizaciones por la que no se tendrían en cuenta premios, bonos ni el sueldo anual complementario (SAC).

Hasta el momento, se calculan sobre el sueldo más alto percibido por el empleado al momento de ser cesanteado, y a esto se le suman bonos o premios, el SAC y todo "reconocimiento de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador".

El Ejecutivo planea utilizar en lugar de las indemnizaciones la creación de un fondo de cese laboral, el cual sería constituido mediante un convenio colectivo, suscrito por las cámaras y el gremio principal decada sector.

De esta forma, el empleador aportaría mensualmente un porcentaje del sueldo más adicionales remunerativos y no remunerativos. Se trata de una modalidad ya usada en la construcción.

Otra de las iniciativas polémicas prevé la creación de la AGNET (Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de la Salud). Se trata de un órgano autártico encargado de delinear el Plan Médico Obligatorio, es decir, las prestaciones mínimas que deberán ofrecer las obras sociales.

Pero, además, "será el órgano de consulta en los procesos judiciales de toda clase en los que se discutan cuestiones de índole sanitaria", por lo que el Gobierno responde así uno de los principales reclamos de las obras sociales.

Lupa en los proyectos
Las propuestas ya estaban incluidas en el proyecto ampliado de reforma laboral cuyo tratamiento fracasó a fines del año pasado en el Congreso a raíz de los fuertes cuestionamientos que recibió por parte de la oposición y organizaciones sindicales.

Ahora, el Gobierno insistirá con algunos de los puntos de esa reforma con la presentación de tres proyectos de ley, que fueron enviados el viernes al Senado y que serían girados a la comisión de Trabajo una vez que se registre su ingreso formal a la mesa de entradas.

El primero de los proyectos se refiere a la regularización del trabajador no registrado así como a la rectificación de la real remuneración o de la real fecha de inicio de la relación laboral.

En el texto se propone la extinción de la acción penal y liberación de las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza correspondientes a dicha regularización y la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) a aquellos empleadores que blanqueen a sus empleados.

El proyecto plantea que las relaciones laborales deberán efectivizarse dentro de los 360 días contados desde la reglamentación de esta ley.

El proyecto indica que "podrán incluirse en el presente régimen las deudas que se encuentren controvertidas en sede administrativa, contencioso administrativa o judicial, a la fecha de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial".

En tanto que el demandado "se allane incondicionalmente y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso al de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos".

También se prevé la condonación de la deuda por capital e intereses cuando aquella tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a los Subsistemas de la Seguridad Social.

Fuente: iprofesional

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