Tarifas: nadie es inocente

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Ni siquiera los usuarios o consumidores (llámeselos como quiera) pueden alegar desconocimiento sobre lo que está sucediendo. Nadie se quejó jamás -especialmente las asociaciones que dicen representarlos- por el delirante manejo de las tarifas públicas a manos del kirchnerismo.

“Ni un paso atrás”, es la consigna de Mauricio Macri respecto al incremento de las tarifas de energía. Su decisión en el tema contrasta con otras políticas económicas de su gobierno, caracterizadas por la mesura y el gradualismo.

Esta determinación promete continuar dándole dolores de cabeza. A los seguros planteos judiciales de grupos de consumidores que, previsiblemente, se producirán cuando se distribuyan las primeras facturas con aumentos, se suma la oposición en Diputados que, el miércoles pasado, arrancó la promesa de considerar en comisión una serie de proyectos que, de aprobarse, colisionarían con esta política del gobierno.

Una ley sancionada en contra de la voluntad de la Casa Rosada transitará el camino del veto, con los costos políticos que supone. Es muy probable que el presidente trate, por todos los medios a su alcance, de impedir que tal cosa suceda, pero nunca está de más recordar que Cambiemos es la primera minoría en la Cámara baja, con los riesgos que esto supone. Una coalición ad hoc de opositores podría hacer que la condición de minoría del oficialismo se transformase, efectivamente, en un Waterloo legislativo para Macri.

La movida opositora es, de acuerdo con sus intereses, una oportunidad dorada para marcar la cancha, pero no deja de ser una iniciativa cínica y perversa. Es verdad que las pretensiones de Macri por sincerar tarifas generarán desasosiego y protestas entre los consumidores, pero no es menos cierto que es una medida tan correcta como inevitable.

En rigor, nadie es inocente en este asunto, ni siquiera el gobierno, que gusta presentarse como el ejecutor reticente de políticas impuestas por el orden de cosas heredados. Salvo en este asunto, no se conoce similar enjundia en achicar el déficit fiscal que continúa generando inflación. Con el precio del gas y de la electricidad, Macri transfiere a los usuarios los costos de un ajuste que el resto de la administración pública parece no estar dispuesta a hacer. El gasto público continúa en niveles muy elevados que, a diferencia de los años de Cristina, ahora se financia con endeudamiento externo y no con emisión monetaria. Como los dólares financieros deben cambiarse por pesos, el efecto sobre el proceso inflacionario es muy similar al de la vituperada maquinita.

La oposición, que ahora pretende transformarse en espadachín de la justicia tarifaria, no puede alegar inocencia. Fue el kirchnerismo -increíblemente el líder de la trifulca contra el recorte de subsidios- el principal responsable del descalabro energético que sufrió el país. Sus políticas no sólo dejaron a la Argentina al borde del nocaut en materia de gas y de electricidad, sino que generaron una beneficencia para ricos imposible de explicar en un gobierno pretendidamente peronista.

En efecto, los subsidios que generosamente aplicaron los K beneficiaron, en su gran mayoría, a la clase media y media alta de la capital federal y el conurbano. Los pobres, sin gas natural y con distribución eléctrica precaria o directamente clandestina, vieron pasar por la ventana el festival de metros cúbicos y kilovatios que se regalaban a usuarios que no necesitaban de este tipo de obsequios. Este populismo bobo y contradictorio logró el efecto paradójico de ser rechazado por sus beneficiarios y llevar a la quiebra política a quienes los impulsaron con tanta consecuencia e irresponsabilidad desde el poder.

No sólo los subsidios tuvieron un efecto regresivo en la distribución del ingreso, sino que, además, produjeron el mismo efecto al considerarse en su dimensión territorial. Por razones inherentes al marco regulatorio (fundamentalmente el eléctrico) el grueso de los recursos se volcó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, dejando al resto del país -en promedio más pobre que aquél conglomerado- con tarifas sensiblemente más altas. Cualquier cordobés que tuviera un amigo en la Capital Federal conocía de esta asimetría irritante.

Pero, y a pesar de estas distorsiones, tampoco son inocentes los gobernadores e intendentes, que ahora se quejan airadamente porque la Casa Rosada les exige quitar sus tasas de las boletas de energía. Tanto provincias como municipios utilizan, desde hace años, el recurso de imponerles las gabelas más extrañas, evitándose el trabajo de recaudarlas mediante los tradicionales mecanismos de rentas. Sabedores que ningún usuario dejaría de pagar por estos servicios sólo por juzgar injustos o abusivos tales gravámenes, no tuvieron mayores escrúpulos en incorporarlos a sus facturas por la puerta trasera. Ahora que las tarifas suben y que se acaban los subsidios, estas tasas se transforman en agravios impositivos; es otra manifestación del peso del Estado, cualquiera sea su jurisdicción, sobre las finanzas de los ciudadanos.

Ni siquiera los usuarios o consumidores (llámeselos como quiera) pueden alegar desconocimiento sobre lo que está sucediendo. Nadie se quejó jamás -especialmente las asociaciones que dicen representarlos- por el delirante manejo de las tarifas públicas a manos del kirchnerismo. Aunque todo el mundo sabía que el país se encaminaba hacia el precipicio energético, la fiesta continuaba a todo ritmo, sin preguntarse cuándo se terminaría la plata o, peor aún, la energía. ¿Es razonable, por lo tanto, quejarse de las consecuencias? El promedio de los argentinos fue cómplice, por acción o por omisión, del aquelarre. Ha llegado el momento de pagar por los platos que alegremente se rompieron durante diez años.

Ante la inevitabilidad de los hechos, ¿podría haberlo hecho mejor el gobierno? Probablemente no, al menos en esta materia. Lo que sí debe enrostrársele es que, en su afán por sobreactuar la buena onda durante el primer año y medio de gestión, el presidente demoró demasiado en explicar lo que pensaba hacer e informar a la población sobre la magnitud del daño irrogado por los Kirchner a la economía nacional, entre otros campos. Aquellos meses, ya irrecuperables, se perdieron entre globos amarillos e invocaciones a la alegría; debe administrarse ahora la medicina más amarga en un paciente cansado de esperar las buenas noticias y con los bolsillos cada vez más flacos por el tratamiento gradualista con que es tratado, supuestamente para evitar males mayores.

Fuente: Diario Alfil

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